La compañía fabricante de alimentos y cereales cerró operaciones en el país sudamericano de forma forzosa. El gobierno tomó las instalaciones.
Después más de 50 años en Venezuela, Alimentos Kellogg’s cerró operaciones en el país este martes. Una comunicación pegada en la puerta de la planta ubicada en la ciudad de Maracay, en el centro del país, en la que indica que se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país, explicaba a los trabajadores que su liquidación y todos los compromisos laborales habían sido honrados en la quincena que cobraron hoy. La medida tomó por sorpresa a los 400 empleados que amanecieron en las instalaciones donde se fabricaba el icónico cereal Corn Flakes, y encontraron las puertas cerradas.
Kellogg’s, una marca estadounidense con un siglo de presencia en casi todo el mundo, se suma a los cientos de miles de empresas y comercios que han cerrado en Venezuela en los últimos años. La empresa ya había reducido su producción y algunas marcas ya habían desaparecido.
“El deterioro de la situación económica y social en el país ha obligado a que la compañía detenga sus operaciones y salga”, explican en otro comunicado en el que aclaran que queda suspendida la distribución y comercialización de sus productos en todo el país.
Los directivos de la empresa no han acudido a la empresa. Sin embargo, funcionarios del gobierno tomaron las instalaciones de la planta de cereales al mediodía del martes. Se repite la situación de otras multinacionales como la estadounidense Kimberly&Clark, empresa de productos de cuidado personal que cerró operaciones en el país en 2016 y su fábrica fue confiscada por el gobierno, que ahora está sometido a otra demanda ante el CIADI por esta expropiación. Lo mismo sucedió con Clorox, intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro en 2014 para mantener los puestos de trabajo, cuya producción ha venido en picada.
Juan Torrealba, que trabajaba en la línea que a diario -si no había cortes de luz ni otro inconveniente- producía 14 toneladas de Corn Flakes, teme que pase lo mismo con esta. “Uno quisiera ser optimista, pero con la experiencia que uno ha visto con otras empresas tomadas por el gobierno es muy difícil serlo”, contó aún sorprendido por la medida tomada de la empresa.
En 15 años, cerca de 500.000 negocios han bajado las rejas en el país sudamericano. El último año se ha agravado la profunda crisis económica por la entrada de la hiperinflación y la imposibilidad de acceder divisas por parte el sector industrial. Los constantes incrementos salarios que ha decretado al gobierno también han llevado a números rojos al sector, al que se le hace inviable costear los aumentos. Desde 2015 se han perdido 3 millones de puestos de trabajo por el cierre de empresas o la reducción de su operatividad, de acuerdo con datos de Coindustria.
La contracción de la industria, en particular la de alimentos que ronda el 70%, que ha provocada por el control de cambio y de precios impuesto por el gobierno hace 15 años, ha acentuado la escasez de comida en los supermercados, donde a diario la gente hace filas para poder acceder, y de forma limitada, a los pocos productos que llegan a los establecimientos. El gobierno venezolano tiene casi 300 empresas de alimentos, entre tomadas y estatales, controla toda la cadena de producción, distribución y venta de estos productos y no ha podido frenar el desabastecimiento
La semana pasada en la Asamblea Anual de Fedeagro, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Juvenal Arveláez, advirtió que la falta de liquidación de divisas para el sector ha comprometido la relación con los proveedores internacionales de materia prima para el procesamiento de alimentos. “La gente está pasando hambre”, dijo el empresario.
El mes pasado el representante de Fedeagro, Aquiles Hopkins, también había advertido que el panorama para el país es oscuro en materia de seguridad alimentaria. Este año, el campo venezolano solo podrá producir 25% de la demanda del país, pues no recibieron a tiempo los insumos para la siembra, cuya venta está monopolizada por el gobierno, y en el mercado negro son excesivamente costosos para los productores agropecuarios nacionales.
