Senadores del PAN presentaron su iniciativa de leyes secundarias en materia anticorrupción, la cual prevé una lista negra que exhiba a los servidores públicos corruptos; obliga a los funcionarios a rendir de manera periódica y abierta sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés; promueve la disolución de las empresas que causen perjuicio a la hacienda pública y fomenta la denuncia a través de estímulos económicos para ciudadanos.

Proponen 12 conductas que constituyen actos de corrupción para que sean sancionadas tanto administrativa como penalmente: soborno, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto ilícito, obstrucción a la justicia, colusión, extorsión, simulación, utilización ilegal de información confidencial y nepotismo.

La propuesta es crear la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y reformar la ley orgánica de la administración pública federal. La primera establece que habrá un sistema de servidores públicos sancionados que será público y de consulta obligatoria para todas las autoridades del país en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona.

Las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés serán públicas y sólo reservarán los datos personales; cualquier ocultamiento, mentira o engaño en la información del titular o sus dependientes económicos “será sancionado como un acto de corrupción grave”.

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