Es por demás ilógico, frustrante, e inaceptable que a pocos días de que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunciara una serie de recortes presupuestales para sobrellevar la crisis económica que estamos atravesando, en el Senado se despachen con la cuchara grande y anuncian el aumento en su gasto destinado para asesores.

Cada uno de 128 legisladores que integran el Senado recibía $75,000 mensuales para pago salarial de asesores, cifra que han incrementado a $100,000, equivalente tan sólo este rubro a 153 millones de pesos al año. Este monto es independiente a las prestaciones y sueldo de cada senador, que ronda los $117,600 bruto al mes.

Esos $100,000 son utilizados para el pago del séquito que rodea a cada senador, que en algunos casos, como el de la senadora Layda Sansores, alcanza las 20 personas, entre colaboradores en la capital y en su estado natal, Campeche. Según el padrón actualizado hasta septiembre de 2014, están registrados 1,272 asesores. ¿Se necesitan tantos? ¿No podría la austeridad comenzar por los funcionarios públicos? Patético.

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