Durante las administraciones de Quirino Ordaz Coppel y Mario López Valdez, el Gobierno de Sinaloa ha contratado, al menos, 161 millones 707 mil pesos con 106 empresas que, tras una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron calificadas como fantasma.

El 66 por ciento de los recursos (107 millones 951 mil pesos) se concentraron en sólo 10 empresas, dos de ellas relacionadas entre sí a través de sus integrantes.

Las transacciones con las formalmente llamadas Empresas Facturadoras de Operaciones Inexistentes (EFOS), se llevaron a cabo entre 2014 y 2019 con prácticamente todas las dependencias estatales.

Las empresas fantasma, o empresas de papel, se han convertido en uno de los problemas fiscales más grandes que padece el Estado mexicano. Son utilizadas para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

En Sinaloa estas empresas tienen una profunda estructura que se puede encontrar en diversos órdenes y áreas de gobierno que suman cientos de millones de pesos. Hoy damos a conocer una parte de esta operación con base en información oficial obtenida vía transparencia ante el Sistema de Administración Tributaria.

La mayor parte de las EFOS detectadas en Sinaloa y analizadas en esta investigación forman parte de redes de operación más amplias que repiten patrones: son creadas el mismo día o mes, comparten socios, comisarios, apoderados legales y domicilios fiscales; son de reciente creación, sus domicilios están abandonados, cerrados o se hallan en casas particulares.

En algunos casos, después de haberle facturado al Gobierno fueron disueltas o liquidadas. Incluso, algunas fueron contratadas cuando ya estaban boletinadas por el SAT.