La CDMX ha anunciado un viraje en su estrategia contra la covid-19, más de tres meses después de la llegada del virus al país. La capital ha comenzado a rastrear los contactos de las personas que se han contagiado para evitar la saturación de los hospitales, detectar de forma temprana los casos y acelerar un regreso gradual a las actividades tras el confinamiento. En el centro del plan está aumentar el número de pruebas, uno de los puntos que más se ha criticado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la gestión de la pandemia, y pasar de 1.100 a 2.700 tests diarios, casi triplicando las muestras que se tomaban hasta antes de esta semana. El objetivo es llegar hasta las 100.000 pruebas al mes, ha dicho el miércoles Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno.

La ciudad más poblada de Norteamérica es la región más afectada en México, con más de 33.000 casos acumulados y 4.106 defunciones, y sigue pintada de rojo en el sistema de semáforos que ha establecido el Gobierno federal tras concluir la primera etapa de aislamiento social a finales de mayo.

 El temor es que haya un rebrote en la transición del confinamiento a la reanudación gradual a las actividades. Aunque las autoridades sanitarias aseguran que la capital se encuentra “en una meseta estable”, la escalada en el número de contagios por casos que tardaron semanas en registrarse aumenta las dudas sobre la posibilidad de realmente planear un regreso escalonado. “Creemos que esta puede ser la diferencia entre tener una apertura en la que se incrementa el número de contagios o mantenernos en el límite de lo que podemos atender”, ha asegurado Eduardo Clark, director de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, a W Radio.

El plan ha arrancado esta semana e incluye visitas de brigadas que darán información casa por casa; intensificar el monitoreo de los casos activos y sus contactos a través de un cuestionario que se envía por mensajes SMS; un protocolo de atención temprana de síntomas y de enfermedades que pueden agravar el estado de los contagiados por el virus, como la diabetes y la hipertensión, y reducir los tiempos de entrega de resultados de las pruebas. Al detectar un contagio, el Gobierno local contactará por teléfono a las personas que convivieron con la persona infectada, aunque no se les dirá de quién se trata. Si dan positivo a la prueba, deberán asilarse durante 14 días. Está previsto que unos 2.000 funcionarios, que no pudieron continuar con sus labores por pertenecer a grupos de riesgo, asuman esa tarea.