A mediados del siglo XIV, una incontrolable pandemia redujo la población de Europa en torno al 60%: los historiadores calculan que la mortífera peste negra se llevó por delante la vida de unos 50 millones de personas entre 1347 y principios de la década de 1350.
No había medicinas ni centros de salud; era prácticamente imposible controlar los contagios, la propagación de una enfermedad que había entrado por el sureste del continente y que rápidamente barrió todas las naciones del Mediterráneo expandiéndose hasta Inglaterra.
Aquella coyuntura extrema obligó a las autoridades medievales a adoptar, en las décadas posteriores, drásticas medidas legislativas para controlar la transmisión de la peste.
En 1374, por ejemplo, Bernabé Visconti, señor de Milán, le notificó a un funcionario de la localidad de Regio que todo habitante contagiado debía ser expulsado de la zona intramuros y asentarse en el campo. Allí se curaría… o moriría. Una medida similar implantó Ludovico Gonzaga, capitán del también pueblo italiano de Mantua: aquel que viajase a una región con una elevada tasa de mortalidad no podría regresar a la ciudad. Quien incumpliese la norma sería ejecutado.
Sin embargo, en la colonia veneciana de Ragusa, lo que hoy en día es Dubrovnik (Croacia) y que contaba con un concurrido puerto para el tráfico marítimo mediterráneo, pusieron en práctica una inteligente idea —y mucho menos tiránica— para tratar de frenar la reproducción de la pandemia.
En 1377, los gobernantes decidieron imponer un período de treinta días de aislamiento para todos los viajeros y tripulaciones que allí desembarcasen y los productos que traían consigo.
Es el primer ejemplo históricamente documentado de una ciudad en cuarentena, ahora que Madrid amenaza con entregarse a esta situación por los efectos del coronavirus.
