El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, denunció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que soldados y marinos siguen siendo acusados por la ciudadanía de presuntas violaciones a las garantías individuales; les atribuyen la práctica de la tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria o extrajudicial.
Al presentar su informe anual, el ombudsman nacional dijo que es urgente que las autoridades civiles recuperen el control de la seguridad pública y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva favorablemente las controversias constitucionales presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior por parte de partidos, alcaldes, el INAI y la propia CNDH, entre otros.
«La acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH ante la Corte no busca atacar a las instituciones o debilitar nuestro Estado de Derecho, sino que éstos diferendos de opinión se puedan platear y resolver ante instancias jurisdiccionales para preservar la integridad de nuestro sistema constitucional», precisó.
Asimismo, González Pérez exhortó al gobierno federal a que antes de que termine el sexenio que encabeza Enrique Peña Nieto resuelva las ejecuciones extrajudiciales de militares en Tahuato, Apatzingan y Tlatlaya, donde varios civiles fueron víctimas de la milicia.
Expresó que la CNDH ha emitido recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como a la Comisión Nacional de Seguridad y a la PGR, pero no son cumplidas a cabalidad.
Miguel Mosqueda Saldivar
Periodista Independiente
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