La medida se llama oficialmente Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) aunque se conoce mejor por el sobrenombre de quedarse en México. Consiste en obligar a los demandantes de asilo en la frontera a esperar la audiencia de su caso en territorio mexicano, lo que puede llevar meses o años. Su objetivo es desincentivar la idea de que basta con llegar a la frontera para entrar en territorio de EE UU y quedarse.
Desde que se puso en marcha la MPP en diciembre de 2018, alrededor de 59.000 personas han quedado bloqueadas al otro lado de la frontera esperando una cita con el juez en EE UU para exponer su petición de asilo. Esta situación sin precedentes ha convertido las ciudades fronterizas de México, que no tienen recursos para coger a estas familias, en campos de refugiados al aire libre. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que las mafias están aprovechando la desesperación de los migrantes.
La decisión de este viernes la tomó un tribunal de tres miembros de la Corte de Apelaciones de San Francisco, que es el tribunal de último recurso de todos los estados del Oeste de Estados Unidos. El mismo tribunal había denegado en mayo del año pasado la petición de los demandantes (organizaciones de derechos civiles en nombre de 11 inmigrantes) de paralizar el MPP como medida cautelar. Los jueces han considerado que el protocolo, una mera decisión administrativa, es “incompatible” con las leyes federales de asilo.
En Estados Unidos todo el que se presenta en una frontera terrestre o un aeropuerto tiene derecho a pedir asilo y a exponer su caso ante un juez. La Casa Blanca considera que los inmigrantes se aprovechan de las leyes de EE UU para entrar en el país y luego no se presentan a la audiencia de su caso y desaparecen sin papeles dentro de su territorio. La mayoría de los solicitantes de asilo sí se presentan al juzgado.
