El Supremo de Estados Unidos ha desestimado la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas del país.
La acción legal buscaba una compensación de 10,000 millones de dólares por los daños causados por la violencia armada en México, alimentada por el tráfico ilegal de armamento proveniente de Estados Unidos. La decisión del alto tribunal se basó en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que otorga amplia inmunidad a los fabricantes.
Detalles del Fallo y Argumentos Legales
La demanda, presentada por México en 2021 contra compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, argumentaba que estos fabricantes facilitaban el flujo ilegal de sus productos hacia el crimen organizado en territorio mexicano. El Gobierno de México sostenía que su denuncia se amparaba en una excepción de la ley PLCAA, que permite acciones legales cuando una empresa ha violado «a sabiendas» las leyes sobre armas de fuego.
Sin embargo, los nueve jueces del Tribunal Supremo coincidieron en que la PLCAA otorga una amplia protección legal a los fabricantes de armas de fuego contra demandas relacionadas con el uso que los compradores hagan de sus productos. En el fallo, redactado por la jueza progresista Elena Kagan, el Supremo concluyó que no se presentaron pruebas plausibles de que las compañías demandadas hayan permitido deliberadamente el tráfico ilegal de armas.
Contexto de la Violencia Armada y las Relaciones Binacionales
A diferencia de Estados Unidos, donde la posesión de armas está protegida por la Constitución, México mantiene una legislación restrictiva en materia de acceso a armamento. La demanda reflejaba una profunda preocupación del Gobierno de México por el impacto de la entrada de armas estadounidenses en la violencia interna.
Esta decisión se da en un contexto de fricciones en la relación bilateral. Mientras que la Administración de Donald Trump, que designó como grupos terroristas a los narcotraficantes mexicanos, acusa a México de facilitar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que las organizaciones responsables del narcotráfico son poderosas precisamente por la facilidad con la que acceden a armas de fabricación estadounidense.
Inmunidad Legal y Desafíos Binacionales
La desestimación de la demanda de México por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos resalta la compleja y espinosa cuestión de la violencia armada y el tráfico ilegal de armas en la frontera. La decisión, basada en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), subraya el sólido blindaje legal que tienen los fabricantes de armas en Estados Unidos.
El principal desafío para México en esta demanda era superar la inmunidad legal de la PLCAA. A pesar de que México argumentó que las empresas actuaron «a sabiendas» de la violación de las leyes, el Supremo dictaminó que no se presentaron pruebas plausibles de tal conducta deliberada. Esto refleja la dificultad inherente de litigar contra la industria armamentística en un país donde la posesión de armas está constitucionalmente protegida y donde existe una fuerte presión política para mantener la inmunidad de los fabricantes.
Para México, el impacto de esta decisión es significativo. Representa un revés en su intento legal de responsabilizar a los fabricantes de armas por la violencia que asola el país. Sin esta vía de compensación o de presión para cambiar las prácticas de la industria, el Gobierno de México deberá buscar otras estrategias para mitigar el flujo de armas ilegales y combatir la violencia armada.
La situación también pone de manifiesto las tensiones latentes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos presiona a México sobre el tráfico de fentanilo, México enfatiza el problema de las armas que llegan desde el norte. Esta asimetría en las preocupaciones y las responsabilidades, y la dificultad de encontrar un terreno común, complejiza aún más la cooperación transfronteriza en materia de seguridad. El fallo del Supremo, aunque legalmente justificado bajo la ley estadounidense, puede ser percibido en México como un obstáculo para abordar una de las causas fundamentales de su violencia.
