Uber es una plataforma que hace más eficiente el mercado del transporte público. Es uno de los desarrollos de Silicon Valley de mayor crecimiento. Se fundó apenas hace un lustro y ya vale más de 15 mil millones de dólares. Tiene presencia en las principales ciudades en el mundo.
El usuario descarga la aplicación en su dispositivo móvil y no tiene más que pulsar un botón en el momento de requerir un taxi, indicando la dirección de destino. Al dispositivo llegan el nombre, la foto y la ubicación del chofer asignado. En pocos minutos, el usuario recibe una amable llamada avisando que su transporte, regularmente una unidad color obscuro, con asientos de piel y de modelo reciente, ya está en la puerta.
No se acepta efectivo, el cargo se hace vía tarjeta de crédito y el recibo, con el desglose del servicio, llega por correo electrónico, con la posibilidad de facturar al agregar los datos fiscales. Bancarizar la transacción es la forma en la que Uber controla su comisión del 20%, ofreciendo el mundo ideal a las autoridades hacendarias. Junto con el recibo, el usuario recibe en su correo una encuesta de satisfacción al cliente, incentivo suficiente para que el operador haga un esfuerzo por ofrecer el mejor servicio posible. En ello le van gratificaciones posteriores.
Uber es el claro ejemplo del enorme valor que puede generar una idea en la búsqueda de soluciones eficientes. Pero Uber tiene un problema, grave desde mi opinión: es ilegal. En México, como en muchos otros países, el transporte público es un asunto administrado por el Estado, generalmente a través de las autoridades municipales. Para que un vehículo pueda operar como taxi requiere una concesión, regularmente cara y difícil de conseguir por estar limitadas.
Las razones no son únicamente recaudatorias, sino de orden, control y seguridad. Verificación de sus unidades, contratación de seguros y chequeos de salud constantes son exigidos a los taxistas. Y Uber no cumple con nada de ello. La violencia jamás será la ruta correcto, por lo que no apruebo las agresiones en contra de Uber orquestadas por sindicatos y uniones de trabajadores del volante, aunque creo que llevan la razón al protestar por esta competencia desleal.
Hago votos porque pronto se encuentre una solución que utilice las tecnologías disponibles, tenga en cuenta los derechos de los taxistas, ofrezca un valor agregado al cliente y, sobre todo, respete el estado derecho.
