El gobierno de México ha descartado la existencia de urgencia en la solicitud de extradición del exgobernador de Sinaloa, Rocha, y de nueve funcionarios más, presentada por Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por Reforma, la administración federal aseguró que no hay pruebas que justifiquen la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
La decisión se produce en un contexto de cooperación bilateral donde temas de extradición son de suma importancia. Sin embargo, el gobierno mexicano mantiene que los procedimientos deben seguir su curso normal, sin presiones externas.
Este asunto es relevante ya que la extradición de funcionarios podría tener un impacto significativo en la percepción de la justicia en México, así como en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Además, las implicaciones de la extradición de políticos mexicanos a EE. UU. siempre generan un debate sobre la corrupción y el estado de derecho en el país.
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