Una profunda polémica política se ha desatado en Quintana Roo tras revelarse datos sobre el constante uso de aeronaves privadas por parte de la gobernadora Mara Lezama. La difusión de reportes aéreos que contabilizan 97 vuelos ejecutivos a destinos turísticos de Estados Unidos contradice la línea de austeridad promovida por el gobierno federal y coloca bajo la lupa los hábitos de viaje de la mandataria estatal.
La investigación detalla que Lezama ha utilizado una flotilla de al menos siete aviones privados distintos, operados por diversas empresas de aviación ejecutiva. Entre las aeronaves identificadas en las bitácoras figuran modelos Learjet 31A y 60, Gulfstream G200 y G280, así como jets Hawker 750 y 800XP. Estos aviones pertenecen o son gestionados por compañías como Redwings, Servicios Aéreos Dandy, Pabe-Tax y Milenium Air.
Los datos de tráfico aéreo señalan que entre las rutas más frecuentadas se encuentran vuelos de Cancún hacia Orlando, Florida, registrando decenas de operaciones de entrada y salida desde finales de 2022. Asimismo, se reportan viajes con destino al Aeropuerto Regional del Condado de Eagle, punto de acceso a la exclusiva zona de esquí de Vail, Colorado.
El costo de cada traslado aéreo representa sumas considerables. Tarifas comerciales de renta para jets de tamaño mediano y súper mediano cotizan entre los 3 mil y 6 mil dólares por hora. En ese sentido, analistas calculan que la renta de estos servicios aéreos alcanza montos que varían entre 400 mil y más de 800 mil pesos por trayecto, dependiendo de la distancia y el modelo de la aeronave empleada.
Ante la difusión de estos reportes en medios de comunicación, la gobernadora Mara Lezama difundió una postura oficial en la que negó categóricamente las acusaciones. Afirmó que el número de operaciones difundido está fuera de la realidad y recalcó que durante su administración no se han destinado recursos del erario público para el pago de vuelos privados.
La controversia ha tenido eco entre diversos sectores sociales y mediáticos, quienes exigen que los órganos de fiscalización transparenten la información relativa a las bitácoras aéreas de la gubernatura. Organizaciones civiles recuerdan que la función pública demanda total aperturamiento sobre los bienes e intercambios de directivos gubernamentales a fin de descartar cualquier beneficio indebido.
En conclusión, el caso de los 97 vuelos privados de Mara Lezama se ha transformado en un tema central de la conversación pública en la entidad. El esclarecimiento contundente de las fuentes de financiamiento de estos viajes resultará determinante para definir el impacto del escándalo en la percepción de su gestión gubernamental.
