El sistema de justicia de Jalisco ha emitido una de sus resoluciones más esperadas y significativas.
Un tribunal colegiado ha dictado un fallo condenatorio contra los diez hombres detenidos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, un lugar que ha pasado a ser sinónimo del horror de la desaparición forzada en México. La perspectiva de este caso es escalofriante: las autoridades confirmaron que este rancho operaba como un campo de reclutamiento forzado para el crimen organizado. Este veredicto no es solo el cierre de un capítulo judicial; es la confirmación de una compleja trama que involucra sicarios, fosas clandestinas y una alarmante red de presunta corrupción que alcanza a policías, peritos y altos funcionarios.
El Veredicto: Justicia para las Víctimas del Rancho Izaguirre
Tras un juicio oral que inició el 1 de julio, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I ha encontrado culpables a los diez acusados por los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado. Los ahora sentenciados son:
- Lennin “N” (alias Kevin “N”)
- David “N”
- Gustavo “N”
- Christopher “N”
- Juan “N”
- Óscar “N”
- Erick “N”
- Luis “N”
- Ricardo “N”
- Armando “N”
La deliberación del tribunal, que según explicó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, no puede exceder las 24 horas, concluyó con este fallo condenatorio. El siguiente paso procesal, la «audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño», se ha programado con celeridad para este mismo martes 8 de julio. En esta audiencia se determinará la cantidad de años que cada uno deberá pasar en prisión y las medidas de reparación para las víctimas, un paso crucial para materializar la justicia.
Crónica de un Centro de Reclutamiento Forzado
El Rancho Izaguirre no era simplemente una casa de seguridad. Según las investigaciones de la fiscalía, este predio en Teuchitlán, Jalisco, funcionaba como un centro de operaciones para una célula delictiva, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su principal función era el reclutamiento forzado de personas, a quienes secuestraban y posteriormente adiestraban bajo condiciones de terror para integrarlos a sus filas.
La caída de este grupo operativo ocurrió el 18 de septiembre de 2024. Un reporte sobre detonaciones de armas de fuego alertó a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes se desplazaron al rancho. A su llegada, fueron recibidos con disparos, lo que desató un enfrentamiento. Tras asegurar el perímetro, las autoridades encontraron un escenario desolador: el cuerpo sin vida de una persona y, milagrosamente, lograron liberar a otras dos que se encontraban privadas de su libertad. Fue en este operativo donde se detuvo a los diez hombres que hoy han sido declarados culpables.
El Papel Clave del Colectivo «Guerreros Buscadores de Jalisco»
La verdadera dimensión del horror en el Rancho Izaguirre no fue revelada por las autoridades en un primer momento, sino por la valiente labor de la sociedad civil. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, un grupo de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, fue fundamental para exponer la magnitud de la tragedia.
El 5 de marzo de 2025, meses después del operativo inicial, el colectivo reportó la localización de indicios de inhumaciones clandestinas en el mismo predio. Su insistencia obligó a las autoridades a procesar la escena de manera más exhaustiva. El resultado fue espeluznante: se localizaron 1,844 artículos y prendas de vestir, incluyendo ropa, calzado, gorras y mochilas. Cada uno de estos objetos es un testimonio silencioso, una posible pista de una persona desaparecida, evidenciando que por el rancho pasaron cientos, quizás miles de víctimas, mucho más allá de las identificadas inicialmente.
Una Red de Complicidad: Corrupción Policial y Política
El caso Rancho Izaguirre trasciende a los diez sicarios ahora condenados. Las investigaciones han destapado una alarmante red de complicidad que llega hasta las estructuras del Estado, demostrando cómo el crimen organizado se infiltra y corrompe las instituciones. El número total de personas detenidas vinculadas a este caso asciende a 16, un mosaico que incluye:
- Policías Implicados: Tres ex policías del municipio vecino de Tala, entre ellos el ex director de la corporación, están procesados por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.
- El Reclutador Principal: Fue detenido José Gregorio «N», alias «Lastra», señalado como un miembro clave del CJNG y el responsable directo del reclutamiento y adiestramiento de personas en el rancho.
- El Alcalde: En un hecho que revela el nivel de penetración institucional, el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, agravado por su condición de servidor público.
Investigación a la Fiscalía: Obstrucción y Encubrimiento
La podredumbre no se detiene en el ámbito municipal. Una investigación paralela, conducida por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, apunta a un posible encubrimiento desde las propias agencias encargadas de investigar. Un total de 12 servidores públicos están bajo la lupa por sus omisiones en el procesamiento de las evidencias del rancho.
- 8 funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
- 4 peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
La acusación formal es por «omisiones en el procesamiento de evidencias e indicios». Esto sugiere que, de no ser por la presión del colectivo de búsqueda, la verdadera escala de la masacre en el Rancho Izaguirre pudo haber sido deliberadamente ocultada por las mismas personas cuya obligación era investigarla.
Un Veredicto Importante, Pero un Camino Largo
El fallo condenatorio contra los diez operadores del Rancho Izaguirre es una victoria innegable para la justicia y para las familias de las víctimas. Representa un golpe certero a una célula criminal y envía un mensaje de que la impunidad no siempre prevalece.
Sin embargo, esta sentencia es solo la punta del iceberg. El caso ha expuesto la mecánica del terror del crimen organizado y su peligrosa simbiosis con un Estado corrompido. La verdadera justicia no se alcanzará únicamente con la condena de los autores materiales. El verdadero reto para Jalisco y para México es desmantelar por completo la red de protección que permitió que este «rancho del terror» operara con impunidad. El éxito final de este caso se medirá por la capacidad del sistema judicial para procesar y sentenciar a los policías, al reclutador, al alcalde y a cada uno de los funcionarios que, por acción u omisión, fueron cómplices de la atrocidad.
