La intervención del gobierno de Puebla en el caso iniciado por los herederos del millonario William O. Jenkins sigue una estrategia desarrollada por el bufete de abogados del panista Roberto Gil Zuarth, a través de la cual el gobernador Miguel Barbosa busca sacar una fortuna de 720 millones de dólares de Mary Street Jenkins, incluida la Universidad de las Américas Puebla.
El asalto judicial y policial que lanzó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, contra el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que controla la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la organización del mismo nombre, sigue el guion que el gobierno estatal morenista recibió del despacho del panista Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa.
El objetivo de la operación expresado en un documento en poder de Proceso era claro: Accuracy Legal and Consulting SC prometió al equipo de Barbosa que después de «eliminar al patronato existente» en Mary Street Jenkins (FMSJ) “el estado de Puebla podrá recuperar más de $720 millones”. Este monto representa el valor patrimonial del fondo que incluye 18 inmuebles, acciones de tres empresas -entre ellas la UDLAP- un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, muebles y automóviles y está en el centro de una intensa batalla legal entre los herederos del magnate William O. Jenkins quien fundó la fundación en 1954.
El documento es una presentación de 35 páginas que la oficina de Gil Zuarth entregó al gobierno de Puebla; detalló «una serie de procedimientos y actos administrativos necesarios para efectuar el despido de los miembros de la junta directiva de FMSJ» y para llevar a cabo «una investigación internacional y recuperación de activos».
La firma que creó Gil Zuarth en febrero de 2018 -cuando llegaba a su fin su mandato como senador del PAN – alentó al gobierno de Puebla a apoyar a Guillermo Jenkins de Landa en la demanda que interpuso en 2016 contra su madre y sus hermanos miembros de la junta directiva a quienes acusó de malversar los activos del fondo. También lo instó a lanzar organizaciones estatales contra ellos a través de un «juicio de lesividad”
Eso es exactamente lo que hizo Barbosa: su gobierno acusó a miembros del patronato de robar $720 millones del fondo; Los destituyó de sus cargos en abril de 2021 y nombró otra junta directiva y en junio pasado lanzó a la Policía Estatal a tomar las instalaciones de la UDLAP -también sede de FMSJ- que desde 2017 se encuentra embargada por impuestos de gestión de un crédito fiscal de 650 millones de pesos.
En agosto pasado la FMSJ alegó que Gil Zuarth ideó una estrategia de «represión política» contra el patronato para «apropiarse» de la UDLAP. El documento en poder de Proceso confirma esta participación del panista en un pleito que ya desbordó el ámbito privado y las fronteras estatales.
En mayo del mismo año la periodista Gabriela Hernández también informó en Proceso sobre la vinculación de Gil Zuarth y Barbosa en el sector energético: el gobierno estatal contrató a un panista que era «asesor» del gobernador en temas energéticos -diseñó y presentó un “modelo de federalismo energético sustentable para Puebla”.
