El Ejército mexicano utilizó sus recursos de inteligencia para vigilar a los padres de los estudiantes desaparecidos, evitó la participación de amnistía internacional, desprestigió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI y forzar el cierre del caso.
Esto fue confirmado en correos electrónicos filtrados por el grupo de hackers activistas ‘’Guacamaya’’. La SEDENA mandaba cartas con el nombre de ‘’aportaciones’’ que realmente eran indicaciones para las declaraciones que tenían que realizar los militares.
Estos textos eran escritos por el general de división, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, que formaba parte del equipo de asesores del Secretario de Defensa Nacional: Salvador Cienfuegos. Entre las instrucciones se aclaraba que deberían decir lo siguiente:
- Impedir a Amnistía Internacional participar en la búsqueda de los desaparecidos
- Negar que hubiera civiles detenidos en el lugar de desaparición
- Negar que había sido una desaparición forzada
- Impulsar la idea de que esto fue causado por el crimen organizado
- El 26 de septiembre del 2015 se recomienda que se dé a los jóvenes por muertos y se negocien indemnizaciones con las familias
Si esto no fuera suficiente, los documentos filtrados también demuestran que el Ejército estaba enterado de que el Gobernador Ángel Rivero y el Procurador General de la República, Murillo Karam, presentaron irregularidades durante la investigación del caso.
A todo esto añadimos que el día de hoy se aprobó en el Senado militarizar la seguridad pública hasta el año 2028, una ley que en primera instancia pasó inconstitucionalmente a la cámara para votación.
