Durante años la UDLAP ha luchado por diversos problemas legales. En el 2007 fue juzgada por la declaración de nulidad del nombre, logotipo y su lema, demanda solicitada por el despacho de abogados Gertz al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; En el 2016, los Jenkins se enfrentaron a una denuncia de parte de un miembro de la misma familia, Guillermo Jenkins, por el desvío de recursos en 720 millones de dólares; En el 2018 se determinó que esa denuncia del 2016 no era constitutiva de delito, la cual se desechó en el 2019 ante los tribunales.
Ahora a lo que se enfrentan los Jenkins es a la revocación del NEAP (No Ejercicio de la Acción Penal) por parte de la SEIDF (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales) en el 2020 para reabrir la investigación contra los Jenkins y solicitar sus órdenes de aprehensión.
Lo que poco se sabe es que ya no debería de realizarse esta revocación del NEAP, ya que penalmente, nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por el mismo delito, por lo cual ese juicio no puede de realizarse. Siendo también necesario sancionar a Alejandro Gertz Manero y a sus colaboradores por el conflicto de interés al impulsar las órdenes de aprehensión contra los Jenkins.
Los Jenkins y la UDLAP están pasando por una injusticia monumental por problemas legales a la cuales no deberían de enfrentarse, pues el caso ya se encontraba cerrado.
