Sigue polémica #NoShopultepec

Cd. de México Gobierno Sociedad

Mientras el Gobierno del Distrito Federal impulsa la realización de una consulta ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec, que se pretende construir entre el parador de microbuses del metro Chapultepec y la glorieta de los Insurgentes, el PAN busca que se haga una consulta, pero fundamentada en la Ley de Participación Ciudadana.

Margarita Martínez Fisher, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dijo que lo que debe hacerse no es un ejercicio de participación ciudadana simple en los términos que ha definido el gobierno capitalino e incluso pospuso del 27 de septiembre al 3 de octubre, sino una consulta fundamentada en la citada ley y en coordinación con los Comités Ciudadanos de la zona y con la asesoría del Instituto Electoral del Distrito Federal.

En su opinión, primero debe existir una consulta legal y después instrumentarse las obras. Por eso debe cancelarse el ejercicio convocado por la autoridad capitalina a través del director de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada PROCDMX, Simón Levy. El problema es que, añadió, primero debe hacerse la consulta y luego definir lo que se va a hacer para modificar ese espacio urbano. “De lo contrario se corre el riesgo de interpretarse como una farsa”.

La legisladora dijo que la consulta debe contemplar la posibilidad de que no se realice el proyecto. El 18 de agosto pasado, el Gobierno del Distrito Federal anunció que se rehabilitará esa parte de la avenida Chapultepec por medio de un mecanismo de participación público-privada denominado coinversión, en el que se indicó que a cabio de la concesión de un predio se autoriza la instalación de un centro comercial.

De acuerdo con el GDF el Corredor Cultural Chapultepec se llevará a cabo una intervención total de 110,896 metros cuadrados, que mejorarán la avenida y calles aledañas; incluirá un parque lineal elevado que tendrá una continuidad visual y peatonal desde Lieja hasta la Glorieta de los Insurgentes. El proyecto no contempla cambios de uso de suelo; tampoco implica privatización alguna; lo que se construya es y será propiedad de la ciudad.

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