Durante dos décadas, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo labores de espionaje electrónico doméstico con ramificaciones hacia más de un centenar de países, entre los que se incluye México.
De acuerdo con el diario USAToday, fue en el gobierno de 1992 de George H. Bush cuando la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), con autorización del Departamento de Justicia, inició la recolección de datos de miles de millones de llamadas telefónicas internacionales que se efectuaban hacia y desde 161 países relacionados con el narcotráfico.
Los investigadores federales emplearon las llamadas para rastrear redes de distribución de drogas en Estados Unidos, lo cual permitió a las agencias identificar y ubicar organizaciones criminales cuya existencia era desconocida, con lo cual ubicaron redes de lavado de dinero.
Los datos recolectados no involucraron el contenido de las llamadas sino los números de teléfono y las fechas en que se realizaron, los cuales datan de una década antes del ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, amparado por un programa que sirvió como mapa para el espionaje electrónico conducido por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en fechas recientes.
Las labores dirigidas por la DEA tuvieron menos restricciones que las que realiza la NSA, pues no era necesaria una orden judicial para recopilar datos. La práctica fue detenida por el Procurador General de Justicia, Eric Holder, en respuesta al escándalo generado tras las revelaciones hechas por el excontratista de la NSA, Edward Snowden.
