El Senado aprobó la noche del miércoles la nueva Ley General de Transparencia, reglamentaria del artículo sexto constitucional, que obliga a los tres poderes de la Unión, organismos descentralizados, partidos políticos y sindicatos a rendir cuentas de los recursos públicos y de los actos de autoridad que ejerzan.
A excepción del Congreso, los poderes Ejecutivo y Judicial y los demás sujetos obligados deberán cumplir con la nueva legislación en el momento en que sea promulgada. El Legislativo se dio un plazo inicial de cinco meses, hasta el 30 de agosto próximo, para elaborar un programa de reorganización administrativa de cuyo avance dependerá asumir las obligaciones genéricas y específicas que le impone la ley.
Las obligaciones del Congreso son en torno a los recursos presupuestales que se le asignan y que en el caso del Senado son de 4 mil 572 millones 219 pesos para este año. Además, sobre los recursos que éste canaliza a los grupos parlamentarios, “así como el tratamiento fiscal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o en especie, que reciben los legisladores para realizar su función”.
Las comisiones dictaminadoras introdujeron en total 12 cambios de última hora al dictamen; el más relevante fue establecer que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) deberá presentar cada año un informe de actividades al Senado.
