Al cumplirse un año desde que desaparecieron 43 estudiantes normalistas y tres fueron asesinados, expertos en derechos humanos, líderes de organizaciones civiles y el fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Jalisco, coincidieron que Ayotzinapa evidenció un sistema de justicia colapsado y se mantiene como uno de los sucesos que afectan la credibilidad y confianza hacia el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además de los cuestionamientos sobre corrupción y la estrecha relación del poder con el crimen organizado, Ayotzinapa puso sobre la mesa los altos índices de desapariciones forzadas en México, tema que según consideraron los expertos, se había invisibilizado, pero hoy es uno de los principales retos por atender en Jalisco, el cuarto Estado con más personas desaparecidas.
“Si a esos muchachos que los apoya tanta gente, que presionan hasta de otros países para que los busquen y ni así los encuentran, entonces, ¿qué esperanza me queda a mí?, cuestiona Alma Rosa, madre de Israel, un joven de 24 años que desapareció en Guadalajara el 23 de octubre del año pasado, casi un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Po su parte, el Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) se unió al llamado en favor de hacer un “replanteamiento general” de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala y esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de la investigación, que incluyen informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones en las investigaciones y deficiencias periciales, entre otras.
«Asimismo, es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que teniendo conocimiento de los mismos no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene», dijo la ONU.
