El gobierno se ha dado un plazo máximo de tres meses para emitir políticas nacionales de protección y bienestar animal, incluyendo la creación de centros territoriales de asesoramiento sobre la tenencia o el cuidado de animales como los perros. También deben crear programas que sustituyan las prácticas anticuadas que implican vehículos tirados como los caballos que se utilizan hoy en día.