La Fiscalía General de la República exigió a Estados Unidos que entregue las pruebas y documentos que respaldan la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. El movimiento deja claro que México no está dispuesto a actuar sin evidencia concreta, y pone el caso en un terreno mucho más delicado.

La acusación contra Rocha Moya viene del lado estadounidense y tiene que ver con presuntos vínculos con el crimen organizado, señalamientos que han generado un impacto político considerable desde que se hicieron públicos. Sin embargo, para que México pueda actuar en consecuencia, la FGR necesita ver el sustento legal que hay detrás de esas acusaciones.

El pedido de la Fiscalía responde a los mecanismos de cooperación jurídica internacional que existen entre ambos países. No es un rechazo a la acusación, sino un paso formal dentro del proceso: antes de iniciar cualquier investigación con base en señalamientos externos, se requiere que la parte acusadora presente el expediente que sustenta sus dichos.

El caso pone en una posición incómoda tanto al gobierno federal como al estado de Sinaloa. Rocha Moya, que ha negado los señalamientos, sigue en funciones mientras el proceso legal avanza entre dos países con una relación que en materia de seguridad ha tenido más tensiones que acuerdos en los últimos tiempos.

Lo que sigue depende en buena medida de lo que Washington decida entregar. Si los documentos llegan y son sólidos, la presión sobre el gobernador sinaloense aumentará de forma considerable. Si no llegan, o llegan incompletos, el caso podría quedar en un limbo legal que a nadie le conviene resolver rápido.