Realizan llamado urgente al presidente y a la SEP para garantizar la participación de México en la evaluación PISA
Desde hace un cuarto de siglo, México ha participado consistentemente en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, que evalúa a estudiantes de 15 años en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias. Sin embargo, este año, México enfrenta el riesgo real de no participar en el próximo ciclo de pruebas programado para 2025, lo que marcaría una interrupción en la recolección de datos esenciales para el diagnóstico y mejoramiento del sistema educativo nacional.
La importancia de PISA trasciende la mera obtención de puntajes; sus resultados son una herramienta indispensable para evaluar la efectividad de las políticas educativas implementadas y para identificar áreas críticas que necesitan intervención. Sin estos datos, el gobierno carecería de los indicadores necesarios para ajustar y direccionar recursos hacia los aspectos más deficitarios del sistema educativo, comprometiendo así el desarrollo educativo del país.
El llamado incluido en la carta enviada al presidente López Obrador subraya la preocupación de las organizaciones firmantes sobre las consecuencias a largo plazo que podría tener la ausencia en esta evaluación. Aseguran que este hiato no solo dificultaría la comprensión de los avances y brechas en el aprendizaje de los estudiantes, sino que también privaría al gobierno entrante de una herramienta crítica para la toma de decisiones informadas en materia educativa.
Más allá de las implicaciones logísticas y administrativas, este llamado resuena como un recordatorio de la responsabilidad del gobierno de mantener un compromiso constante con la mejora educativa, especialmente después de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, cuya eficacia aún está pendiente de ser evaluada en profundidad.
Es imperativo, entonces, que las autoridades respondan con acciones concretas que aseguren la realización de la prueba de campo necesaria para la PISA 2025. Esta no solo servirá como preparación para la evaluación principal, sino que también reafirmará el compromiso de México con la educación de calidad, alineándose con los estándares internacionales y respondiendo a las expectativas de su población estudiantil y educativa.
El reloj está en cuenta regresiva para tomar las medidas necesarias, y la comunidad educativa nacional e internacional está atenta. La decisión del gobierno no solo definirá su legado en términos de política educativa, sino que también enviará un mensaje claro sobre el valor que México le asigna al conocimiento y a la preparación de sus futuras generaciones.
En este contexto, el llamado a «aún estamos a tiempo» no es solo una petición para cumplir con un requisito internacional, sino una exhortación a priorizar el futuro educativo y, por ende, el desarrollo integral del país. Es hora de que las promesas y las políticas se materialicen en acciones que reafirmen el derecho de todos los niños y adolescentes mexicanos a una educación de calidad, medible y comparable globalmente.
El Futuro de la Educación en México en Juego
Ante la posible ausencia de México en la evaluación PISA 2025, el llamado a la acción no podría ser más crítico. La carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Leticia Ramírez Anaya, titular de la SEP, destaca una urgencia palpable. El documento no solo expresa una solicitud formal por parte de la sociedad civil y actores educativos, sino que también refleja una profunda preocupación por la posible pérdida de una herramienta evaluativa clave en el contexto educativo global.
El contexto es especialmente significativo dada la importancia que PISA tiene para la formulación de políticas educativas. Esta evaluación, más que una simple medición del rendimiento estudiantil, ha servido históricamente como un barómetro para los sistemas educativos nacionales, permitiendo comparaciones significativas y el desarrollo de estrategias basadas en evidencia para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La preocupación expresada en la carta sobre la interrupción de una serie histórica de datos es válida y resalta las posibles consecuencias de no participar en la prueba. Sin acceso a datos comparativos internacionales, México podría encontrarse operando en un vacío informativo, lo que complicaría la implementación de reformas educativas efectivas y basadas en el contexto global actual.
Además, la carta menciona la importancia de las pruebas de campo, un paso preliminar esencial para asegurar que el país esté adecuadamente preparado para la evaluación principal de PISA. Esta fase no solo es crucial para calibrar los instrumentos de la prueba, sino también para que los educadores y administradores ajusten y alineen los currículos y métodos de enseñanza a los estándares internacionales requeridos.
El llamado a la acción también sugiere un sentido de responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad civil. Subraya la necesidad de una toma de decisiones transparente y colaborativa en la que todas las partes interesadas —educadores, padres, estudiantes y expertos— tengan voz en la formación de la política educativa. Esto es particularmente pertinente en un momento en que la educación global está enfrentando desafíos sin precedentes debido a factores como la pandemia y los rápidos cambios tecnológicos.
La respuesta del gobierno a esta solicitud será indicativa de su compromiso con la educación y su voluntad de operar dentro de un marco de transparencia y cooperación. Además, será una señal clara hacia la comunidad internacional sobre la seriedad con la que México toma su papel en el escenario educativo mundial.
Es fundamental que los detalles de los avances realizados para la realización de la prueba de campo sean comunicados abiertamente. La comunidad educativa y la sociedad en general merecen estar informadas sobre cómo sus líderes están abordando estos temas críticos que tienen un impacto directo en el futuro del país.
Finalmente, mientras el tiempo para tomar medidas efectivas se agota, la presión sobre las autoridades educativas para actuar de manera decisiva es enorme. Los ojos de múltiples generaciones de estudiantes, educadores y expertos en políticas están puestos en esta decisión, esperando que se priorice el acceso a una evaluación que ha demostrado ser fundamental para el desarrollo educativo y la competitividad internacional de México.
