Así es como ha sido señalado en diversos medios de comunicación.
todo debido a que la semana en que un nuevo informe sobre derechos humanos aumentó la considerable tensión entre el Gobierno de Iván Duque y el sistema de Naciones Unidas arrancó con un visita a Washington del presidente de Colombia. Allí denunció el lunes, por enésima ocasión, que el régimen de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un santuario de grupos terroristas. Poco después se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump, quien deslizó que Bogotá debe volver a las fumigaciones aéreas para acabar con los cultivos de coca.
El miércoles, el relator especial de la ONU, Michel Forst, concluyó en su informe al Consejo de Derechos Humanos que Colombia sigue siendo el país de América Latina donde asesinan a más defensores de derechos humanos, y que el riesgo para ellos ha aumentado en los tres años que han pasado desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. La cancillería colombiana rechazó con vehemencia unas conclusiones que calificó de “graves e irresponsables”.
Esos tres episodios, aparentemente inconexos, condensan los frentes más tormentosos que han marcado la política exterior de Duque desde que llegó a la Casa de Nariño, en agosto de 2018. La crisis política, social y económica de la vecina Venezuela, las relaciones con los Estados Unidos de Trump, los esfuerzos antinarcóticos y los reparos a su política de paz. De entrada, a Duque, elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos de La Habana, le corresponde implementar un acuerdo que ha contado con un robusto respaldo de la comunidad internacional. Aunque Bogotá asegura que se propone cumplir lo pactado, su ambigüedad frente a la implementación le ha pasado factura.
En muchos sectores impera una sensación de retroceso a épocas que se creían superadas. Los temas de derechos humanos y cultivos ilícitos, si bien nunca salieron de la agenda, vuelven a convertirse en un dolor de cabeza para la diplomacia colombiana, entregada a contestar cuestionamientos en esos terrenos. Duque ha reconocido que ante los niveles récord de narcocultivos –169.000 hectáreas a finales de 2018–, la relación con Washington está “narcotizada”, y se propone regresar a las polémicas aspersiones aéreas con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno cuyo uso fue suspendido por las cortes en 2015 pero Estados Unidos promueve. “Van a tener que fumigar”, dijo Trump tras la reunión de ambos en la oficina oval. “Perdimos 20 años, y sin capacidad de cambiar el enfoque”, se lamenta el politólogo y exdiplomático Alfonso Cuéllar, conocedor de las relaciones entre ambos países.
