En una propuesta que ha generado un debate significativo, Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador por Morena, ha presentado una iniciativa para permitir que los expresidentes de la República de México, al concluir su mandato, puedan asumir el cargo de senadores por un período de seis años, sin necesidad de ser elegidos a través de elecciones tradicionales, y sin recibir la dieta correspondiente, aunque sí manteniendo el fuero constitucional.
La propuesta de reforma al artículo 56 de la Constitución establece lo siguiente: «Integrarán la Cámara de Senadores los expresidentes de la República que hubiesen sido electos democráticamente o se hayan desempeñado como sustitutos, por un período improrrogable de seis años inmediatos a la terminación de su encargo».
Es importante señalar que esta reforma, de ser aprobada por mayoría calificada en la actual Legislatura, no se aplicaría a los expresidentes anteriores, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox, sino que estaría dirigida únicamente al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Los expresidentes que se beneficien de esta reforma tendrían la opción de no ejercer su derecho a convertirse en senadores. Además, no contarían para el quórum legislativo, lo que significa que no tendrían que asistir a las sesiones ni recibir remuneración alguna por su labor. Sin embargo, conservarían el derecho a voz y no podrían ser sancionados por sus opiniones expresadas en el Senado.
El senador Rojas Díaz-Durán, quien tiene cercanía con Ricardo Monreal, ha argumentado que esta reforma busca aprovechar la experiencia y sabiduría de los expresidentes al permitirles desempeñar el cargo de senador después de su mandato presidencial. Esta propuesta se inspira en el concepto de senadurías vitalicias que se aplican en otros países, como Paraguay e Italia.
Esta iniciativa ha desatado un debate público sobre los roles y responsabilidades de los expresidentes después de su tiempo en el poder y el equilibrio entre la experiencia política y la democracia en México. Su futura discusión y posible aprobación en el Congreso sin duda continuarán generando controversia en el país.
