En el marco de la 43 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los representantes de la sociedad civil, Orlando Camacho y Mario Arroyo, urgieron a los gobernadores a mejorar sus estrategias de seguridad pública, y a todos los niveles de gobierno, a erradicar la corrupción e impunidad para fortalecer la prevención de la violencia y la delincuencia.
Al respecto, Arroyo – especialista en seguridad y política criminológica, integrante ciudadano del Consejo Nacional – se mostró a favor de la Ley de Seguridad Nacional y a mantener a las fuerzas armadas en diversas zonas del país para ayudar a combatir a la delincuencia organizada.
“Necesitamos al Ejército en las calles, en las montañas, en el espacio aéreo y marítimo porque estamos perdiendo el país”, expresó Arroyo, al tiempo que enumeró diversos requisitos para contar con un análisis de riesgo con las características de cada entidad.
Para ello instó a respetar las garantías individuales ya que, sin eso, “no hay viabilidad de México como nación”; además de destacar la “participación ética” de los gobiernos estatales y locales para enfrentar la principal demanda de los ciudadanos: la seguridad.
“Los gobernadores son los primeros responsables de garantizar la seguridad de sus ciudadanos; y la sociedad debe ser vigilante y propositiva”, para coadyubar a generar nuevos modelos de conocimiento que mejoren las políticas y programas de seguridad, externó.
Previamente, Orlando Camacho, director de México SOS, dijo que aún quedan pendientes que deben tratarse con urgencia y eficacia y exigió la completa voluntad de gobierno y sociedad para combatir a la corrupción y erradicar la impunidad.
Urgió a proveer de un marco jurídico a las fuerzas armadas y que la Ley de Seguridad Interior, debe ser parte de un paquete legislativos que “coloque a las instituciones de justicia y seguridad, en el centro de la ecuación, sin esto, no se saldrá de la violencia y se perpetuará la labor de las fuerzas armadas”, externó.
Exigió al Congreso y a los gobernadores a que transformen sus policías “endebles” y que generen a cabo las acciones necesarias para mejorar las corporaciones en todo el país; además, propuso reformar el artículo 123, apartado B, para restituir los derechos laborales de los policías como los de cualquier otra profesión.
“Debemos continuar con el fortalecimiento de fuerzas armadas con instrumentos jurídicos y que las fuerzas civiles tomen el control de la seguridad en las entidades; impulsemos las reformas a la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no termina por cuajar”, agregó.
