Presentan iniciativa de para prohibir licencias presidenciales a gobernadores en Nuevo León

Con el firme objetivo de blindar las instituciones del estado y evitar vacíos de poder que comprometan el desarrollo económico y la seguridad pública, se ha presentado ante el Congreso de Nuevo León una propuesta de constitucional de gran calado. La iniciativa busca prohibir de manera expresa que el titular del Poder Ejecutivo estatal pueda abandonar su cargo o solicitar licencias temporales con la finalidad de participar en procesos electorales orientados a buscar la Presidencia de la República.

La propuesta fue presentada por representantes de Morena NL, el ex alcalde Felipe de Jesús Cantú, Andrés Mijes, Clara Luz Díaz, Waldo Fernandez y Tatiana Clouthier.

Esta iniciativa respaldada por diversas firmas del movement de transformación en la entidad, plantea modificaciones clave a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Específicamente, se propone adicionar un párrafo segundo a la fracción XXIV del artículo 96, así como un párrafo final al artículo 123 de la carta magna local, estableciendo con total claridad la improcedencia de solicitudes de licencia para fines de promoción política presidencial.

De acuerdo con la exposición de motivos del documento, gobernar un estado de la relevancia económica y geopolítica de Nuevo León requiere de un compromiso inquebrantable de tiempo completo. El texto subraya que la entidad representa uno de los principales polos de desarrollo industrial del país, concentrando gran parte de la inversión nacional y extranjera, por lo que desafíos complejos como la movilidad metropolitana, el abastecimiento de agua, la calidad del aire y la seguridad exigen un liderazgo permanente y sin distracciones de carácter electoral.

Los promoventes recordaron que la inestabilidad institucional ocurrida a finales de 2023 en el estado evidenció la fragilidad de un sistema que permitía separar de forma temporal al Gobernador para proyectos personales, sumiendo a Nuevo León en una confrontación jurídica y política sin precedentes. En aquel momento, la coexistencia de múltiples figuras reclamando la titularidad del Ejecutivo afectó gravemente la percepción de gobernabilidad y generó honda preocupación en los sectores productivos y empresariales.

Con esta se busca elevar a rango constitucional el principio de responsabilidad democrática, asegurando que el voto de la ciudadanía no sea tomado como una plataforma de paso, sino como un mandato sagrado que debe cumplirse a cabalidad durante la totalidad del periodo constitucional de seis años. De ser aprobada por el Pleno, la restricción entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, aplicándose de forma inmediata a quien se encuentre en funciones.