La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que establece nueve principios básicos para guiar la reestructuración de deudas soberanas, una iniciativa impulsada por la Argentina a raíz de la pelea con los fondos buitre.
La resolución, el resultado de más de un año de trabajo diplomático, dejó al descubierto una división global en el manejo de las finanzas internacionales: contó con el respaldo del mundo emergente y el rechazo de la amplia mayoría de naciones desarrolladas.
El texto, presentado por Sudáfrica en nombre del G-77 y China, fue aprobado por 136 votos a favor, seis en contra -Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá y Japón, cinco de los siete miembros del G-7, e Israel- y 41 abstenciones. Grecia, sumida en una profunda crisis financiera, se sumó en las abstenciones del resto de Europa y otros países desarrollados como Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda. América latina dejó otras dos abstenciones: México y Colombia.
Varios países emergentes, como Bolivia o la India, y naciones desarrolladas como Islandia o Singapur le dieron la bienvenida a la iniciativa. Algunos, incluso, hablaron de una decisión histórica. Nada indica que el texto alterará las reglas de juego en el mundo de las finanzas. En el lenguaje diplomático de las Naciones Unidas es una declaración de alta envergadura política «sin dientes». Un «punto de referencia ineludible», definió el embajador de Bolivia, Sacha Llorenti.
