El cerco jurídico contra el referéndum de Cataluña continúa con la decisión del Tribunal Constitucional español, que este martes suspendió la Ley de transitoriedad jurídica para la independencia de Cataluña, lo cual se suma a la paralización de la norma para el referéndum para la desconexión de España.
Esta decisión es producto de un recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy el viernes pasado, luego que el Parlamento catalán aprobó por mayoría simple este marco jurídico con el que se pretende instituir el presunto nuevo Estado catalán.
A su vez, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instruyó a los Mossos d´Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil para que requisen las urnas y boletas electorales para evitar la celebración del referéndum y que inicien atestados judiciales.
Este también es un aspecto que generó mucha polémica, porque los Mossos son la policía autonómica dependiente del gobierno catalán de Carles Puigdemont, quien hoy aseguró que sus agentes “tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente, el 1-O garantizarán la seguridad de la gente, la policía no ha de hacer política”.
En una entrevista con la radio catalana, Puigdemont aseguró que “habrá 6 mil urnas por el territorio, entre escoger retirar urnas o velar por la seguridad, creo que la policía, todas, tienen prioridades en la vida; retirar una urna no es perseguir un delito, organizar un referéndum no es un delito. Una urna no es material delictivo y un político que organiza el referéndum no es un delincuente”.
Fuente.
Relacionado
