El caso trata de una familia que cometió delitos de fraude fiscal. La historia se convirtió en lavado de dinero a través de depósitos o retiros en los sistemas financieros tradicionales, así como su propia plataforma privada de criptomonedas.
La mecánica que manejaron los involucrados en el caso fue la siguiente: un grupo de personas físicas, integrantes de una familia mexicana encabezada por Rodrigo «Z», recibía depósitos en efectivo en distintas localidades dentro país, especialmente en estados en donde el crimen organizado tiene fuerte presencia, como Jalisco y Michoacán.
Cuando estas personas recibieron cantidades millonarias, triangularon los recursos entre ellos y los utilizaron para comprar criptomonedas en una plataforma ilegal que no tiene ningún registro ante las autoridades como la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), según pudo comprobar este medio. La UIF identificó más de 30 movimientos por montos millonarios, tanto en pesos como en dólares.
La UIF ha acusado al principal operador de una familia, así como a familiares. Todos ellos son sospechosos de estar relacionados con una plataforma financiera clandestina. Secretaría de Hacienda explicó que presentó denuncias contra estas personas por su implicación en esta trama de lavado de dinero.
