Dos años después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) ordenó al Congreso local sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez por el caso de las «broncofirmas», este castigo se ve cada día más lejano. La Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que, para ser sancionado, «El Bronco» puede ser sometido a juicio político federal por usar recursos públicos para impulsar su candidatura independiente a la Presidencia en el 2016.
Sin embargo, concretar ese juicio que llevaría a una eventual destitución o inhabilitación llevará meses o años de procesos y acuerdos legislativos en el Congreso federal, y Rodríguez deja la Gubernatura en octubre del año próximo. El último juicio político que se realizó en México fue hace 94 años y fue contra un Gobernador de Jalisco.
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Entre el 2003 y el 2017, el Congreso federal acumuló 356 denuncias de juicio político y ninguno avanzó. Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte invalidó el procedimiento creado por el Congreso local para cumplir la orden de sancionar a «El Bronco», dictada por el TEPJF.
La Corte determinó que la sanción debe ser la prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución federal y la debe atender el Congreso federal.
