Hoy se celebra el Día Internacional contra la corrupción, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publica cómo los mexicanos perciben este fenómeno, que sin duda, es uno de los grandes retos que tiene México para erradicarla.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en 2014, el 26.4 por ciento de la población percibió el fenómeno de la corrupción como uno de los tres problemas de mayor preocupación; mientras que en el caso de las unidades económicas (como recaudación de impuestos) esta proporción fue 17 por ciento.
La percepción de la corrupción como problema social es significativamente mayor en las áreas de mayor densidad poblacional (dos mil 500 habitantes y más) que en las áreas rurales (localidades de menos de dos mil 500 habitantes).
En 2013, 89.7 por ciento de la población refirió percibir que los actos de corrupción ocurren frecuentemente en las policías, seguido de los partidos políticos, donde 84.4 por ciento percibe que la corrupción es una práctica frecuente.
Del total de experiencias de corrupción generadas por el contacto presencial con algún servidor público, el 50.6 por ciento se dio en la interacción con autoridades de seguridad pública.
El fenómeno de la corrupción no sólo afecta a las personas, sino también a las empresas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) la inseguridad fue el tema que se mencionó con mayor frecuencia (58.5 por ciento) como el principal problema percibido por las unidades económicas, seguido del tema de impuestos y del bajo poder adquisitivo de la población, cuyas frecuencias de mención como principales problemas fueron 47 y 42.2 por ciento, respectivamente.
En 2013, las entidades federativas con el mayor porcentaje de personal de la administración pública estatal dedicado a la función de contraloría interna fueron Yucatán con el 2.4 por ciento y Querétaro con el 1.3 por ciento. Mientras que Puebla y Chiapas destacaron por tener los mayores porcentajes de personal de las administraciones públicas municipales laborando en funciones de control interno, con 1.7 y 1.4 por ciento, respectivamente.
En ese mismo año, los mayores porcentajes de municipios con programas anticorrupción en sus administraciones públicas fueron Aguascalientes con 82 por ciento y Baja California con 80 por ciento.
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