La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tenía una investigación abierta en contra de los dueños del Colegio Enrique Rébsamen desde febrero de este año por falsificación de documentos, pero fue hasta este lunes cuando solicitó informes a Delegación de Tlalpan.
De acuerdo con documentos en poder de SinEmbargo, la Fiscalía Descentralizada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana pidió estos informes siete meses después de que se abrió la investigación y a seis días de la muerte de 19 niños y siete adultos bajo los escombros que dejó el sismo de 7.1 grados.
El documento fue sellado de recibido el mismo día en que fue emitido: el 25 de septiembre de 2017, es decir seis días después del sismo de 7.1 grados que le quitó la vida a niños y maestros en la escuela
La investigación se abrió por una denuncia interpuesta por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), debido a que las indagatorias de la operación, iniciadas en 2016, se encontraron irregularidades: los registros determinaron que el certificado de derechos adquiridos que presentaron los directores del colegio no coincidía con los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi).
Este martes Meyer Klip responsabilizó a la delegación a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo por la construcción y operación de la obra que colapsó el 19 de septiembre, pero nunca dijo que apenas este lunes la Fiscalía dio seguimiento a la denuncia interpuesta por el INVEA.
Meyer acusó a la demarcación de ser la responsable de autorizar y revisar la solicitud de particulares para el uso de construcción y que, al término de la obra, debe constatar que la edificación cumpla con lo manifestado en el permiso: “Si no se cumplen con los puntos anteriores, se deben de revocar los permisos de construcción. El Instituto de Verificación Administrativa no tiene facultad para expedir permisos ni autorizaciones ni revocarlos”, dijo.
El consejero presidente del INVEA reveló que el 29 de septiembre de 2016 solicitaron una visita de verificación al domicilio del colegio a raíz de una denuncia interpuesta por los vecinos; luego de la inspección, el 23 de enero de este año concluyó que la escuela operaba con un uso de suelo que no le permitía funcionar como una escuela al edificio construido en Rancho Tamboreo número 19.
Este martes Claudia Sheinbaum Pardo, Delegada de Tlalpan, reveló que su admnistración cuenta con todos los documentos originales de uso de suelo y dictámenes que se solicitaron a los dueños, pero que el INVEA nunca notificó la existencia de documentos falsos.
Sheinbaum dijo que los dueños contaban con permiso para construir un jardín de niños y departamentos en los dos predios que abarcaba la escuela, Rancho Tamboreo 11 y 19, y que los dictámenes sobre seguridad estructural y seguridad y operación, hechos por un responsable de obra, están en poder de la demarcación.
La Delegada explicó que sólo restaba la aprobación o rechazo del Programa de Protección Civil, pero tenía hasta el mes de octubre, por procedimiento administrativo, para cumplirlo.
Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia de prensa que la escuela fue clausurada al menos en dos ocasiones: una en 2010 y otra en 2014 porque construían sin avisar a la autoridad. Luego de ser multada y de cumplir con las indicaciones de la delegación, el colegio volvió a funcionar en ambas ocasiones.
La Delegación Tlalpan también solicitó al centro educativo mejorar en cuatro puntos su programa de Protección Civil este año. La escuela no recogió las observaciones y la demarcación tenía tres meses para rechazar o aceptar el programa de Protección Civil del colegio y de acuerdo con los reglamentos ese periodo se cumplía a finales de octubre de este año.
La terraza la recuerda bien Patricia Peralta, un mujer que entraba y salía todos los días a la escuela para recoger cartón. “Acaban de renovar la escuela, esa terraza yo la vi cuando la hicieron hasta arriba donde vivía la directora. Luego la vi que se cayó en la televisión”, contó.
“esos angelitos que no debieron morir así” y agregó que “aunque la directora [Mónica García Villegas] era buena con ella, si fue negligente en la construcción de la escuela, debe pagar por las vidas de los pequeños”.
“Ellos no tenían la culpa, no debieron morir así. Uno ya vivió, pero ellos apenas iban empezando, me duele mucho esto que pasó. Yo recuerdo sus caritas de los niñitos”, lamentó.
La mujer contó que conocía bien las instalaciones de la escuela y la distribución de los edificios. Era imposible correr y ponerse a salvo. “No había modo de correr. Los vecinos ya habían metido escrito de que esa escuela esta mal, los niños no podían correr. En caso de un incendio o del sismo tenían que salir por la dirección”.
