La asesoría de la firma Accurate Legal And Consulting del ex senador panista Roberto Gil Zuarth está empezando a hacer mella en el gobierno de Puebla.
En los últimos 30 días, el gobernador Luis Miguel Barbosa tuvo que enfrentar un plantón permanente y varias marchas de unos tres mil estudiantes. Entre los funcionarios del gobierno estatal aún se habla de cómo regañó a Gil cuando se filtró su estrategia para apoderarse de la Fundación Mary Street Jenkins.
El documento esbozaba cómo tomar posesión de recursos y propiedades valoradas en 720 millones de dólares, incluidas las instalaciones de la universidad. A este asunto se sumó un desafortunado error cometido por Fernando del Villar Treviño, quien fue pasante del ITAM, pero que en realidad está identificado como saboteador. La auditoría detectó que desde su dirección IP se enviaron formularios a organismos estatales con los que estos obligados por ley se negaron a entregar información fiscal.
Barbosa ignoró las recomendaciones de sus asesores y tomó el asunto en sus manos. Para empezar, entregó las instalaciones de la UDLAP a un órgano administrativo designado por la familia Jenkins; y con respecto a Francisco Romero Serrano que fue encarcelado por violencia doméstica.
