La Procuraduría General de Justicia de Sonora giró 16 órdenes de aprehensión contra los operadores de una red de sustracción y tráfico de menores que actúa en la entidad desde marzo de 2012.
De acuerdo con la investigación ministerial, hasta el momento se han contabilizado nueve menores que fueron vendidos a “padres delictivos” por cantidades que van de los 80 a los 150 mil pesos. Los principales inculpados son Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del menor, y José Hernández López, ex asesor jurídico de la Unión Ganadera de Sonora.
Según el procurador estatal, Carlos Navarro Sugich, los cabecillas tenían a su alcance las listas de padres adoptivos y de madres en extrema vulnerabilidad, víctimas de adicciones o en condición de calle. En estos casos, añadió, “los astros se alinearon” para que los inculpados perpetraran la extracción de los menores y obtener un ingreso de parte de parejas interesadas en la adopción.
Además, dijo, la red delictiva se fortaleció y extendió fuera de la capital sonorense cuando encontraron a un proveedor de falsos avisos de alumbramiento, que los “padres adoptivos” mostraban en cualquier oficialía del Registro Civil para legitimar la paternidad de los menores.
“Aún no sabemos si sólo estamos frente a la punta de un iceberg en este caso o es este el iceberg completo”, expresó Navarro Sugich. No obstante, pese a que confesaron su responsabilidad, los dos inculpados siguen libres, al igual que los otros 14 integrantes de la banda, de quienes no se ha revelado su identidad o si ocupan algún cargo público.
