El gobierno español impugnó hoy ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña (noreste del país), que plantea el inicio de un proceso de desconexión (respecto de las instituciones españolas) hacia la independencia.
En rueda de prensa, el presidente Mariano Rajoy reiteró que no permitirá que con esa resolución «se liquide la democracia y se pretenda acabar con las normas de convivencia» no sólo de los catalanes, sino de todos los españoles.
La abogada del Estado Marta Silva de Lapuerta, entregó al Tribunal Constitucional el escrito de impugnación que podría ser tratado este mismo miércoles, que en caso de aceptar a trámite genera la anulación de la resolución independentista.
La impugnación pide se notifique personalmente a la presidenta del Parlamento catalán, su mesa directiva; el presidente en funciones en Cataluña, Artur Mas, y sus consejeros, la suspensión de la resolución y se advierta ante riesgo de incumplimiento.
La iniciativa impulsada por las formaciones que en el Parlamento de Cataluña apoyan la independencia, insta a las instituciones a legislar y tomar medidas para iniciar la fase de desconexión respecto de España. La resolución destaca además que ese proceso se ha de realizar no supeditado a lo que dictan las instituciones españolas, principalmente el Tribunal Constitucional.
