El “Programa Bracero” fue un acuerdo laboral migratorio lanzado en 1942 entre México y Estados Unidos. Allá escaseaba la mano de obra por tenerla ocupada atendiendo los compromisos bélicos de la época, obligándose a abrir su frontera del sur para que campesinos mexicanos trabajaran sus tierras. Más de cuatro millones de compatriotas cruzaron el río amparados en ese acuerdo.
Aunque criticado por algunos sectores debido a sus prácticas discriminatorias, explotación laboral y violación de derechos humanos, “Bracero” vino a resolver un dilema añejo entre los dos países: la demanda de mano de obra barata para ellos, y la necesidad de empleo de nuestros compatriotas. Finalmente, por las razones señaladas y la presión de agrupaciones laboralistas de aquel país, como la liderada por el célebre César Chávez, fue abolido en 1964.
Las leyes del mercado no son abrogables. Toda oferta crea su propia demanda, dice la “Ley de Say”, famosa entre economistas. Cuando por decreto o capricho de una de las partes se quieren imponer barreras al flujo natural de la intención de intercambio, se generará un saludable mercado negro que costará muchísimo combatir. Lo mismo ocurre para el mercado de bienes indeseables como las drogas, el alcohol y las armas, o fenómenos trasnacionales como la inmigración.
Concluido el Programa Bracero, la nación que se ufana de tener el andamiaje institucional más sólido del mundo debió hacer lo que más aborrece: violar sistemáticamente su estado de derecho. Durante 30 años, el Tío Sam se hizo de la vista gorda ante el éxodo de millones de mexicanos que cruzaban a nado el Bravo o a pie los inclementes desiertos de Sonora y Arizona, arriesgando la vida en busca del “Sueño Americano”.
La tregua terminó con la llegada de Clinton a la Casa Blanca al endurecer las medidas antiinmigrantes. Paradójico resulta que haya sido a partir de entonces cuando se intensificó la llegada de inversiones norteamericanas a nuestra patria en busca de mano de obra mexicana.
Los costos económicos y en vidas humanas para cruzar se han multiplicado desde entonces. Por ello, un Acuerdo Migratorio favorable para México se ha convertido en la prioridad de la relación binacional. Como “Enchilada completa” se le conoció a la propuesta integral impulsada por el gobierno de Fox. Estuvo a punto de materializar, de no ser por el atentado del 9/11.
Desde entonces el asunto está empantanado. Se politizó, pues de ser un problema de oferta y demanda, no pasó inadvertido el potencial electoral de millones de migrantes.
A muchos compatriotas no les va mal allá, económicamente hablando. De hecho, son la fuente principal de divisas a nuestro país. Pero la separación familiar, las violaciones a sus derechos y el miedo permanente a ser detenidos, convierten cada caso en una tragedia.
Estamos a un año de la siguiente elección norteamericana. Es momento de hacer propuestas y compromisos con los candidatos; momento de compartir la enchilada completa, no sólo migajas.
