La batalla por el proyecto de ley de seguridad ciudadana ha sido una de las más intensas del Congreso. La nueva legislación, que fue aprobada esta semana por los legisladores y que podría aumentar las penas por delitos como el robo o el daño a los sistemas de transporte público y a la infraestructura oficial como los juzgados, entre otros, ahora se dirigirá al escritorio del Presidente Peña, quien tendrá hasta el 1 de julio de 2016 antes de firmarla como ley, ¡si no es que antes!
