El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha viajado este lunes a Bélgica para buscar asesoramiento legal y plantar una batalla política y legal a la justicia española. La Fiscalía General del Estado ha presentado cargos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament después de que la cámara catalana declarase la independencia el viernes pasado.
El abogado belga Paul Bekaerts, experto en procesos de extradición, ha afirmado que Puigdemont le ha contratado para organizar su defensa jurídica. «He sido consultado por Puigdemont y me ha pedido que defienda sus intereses en Bélgica en el futuro […] He hablado con él personalmente. La conversación ha tenido lugar en Bélgica, pero no puedo decir nada más», ha dicho a la televisión flamenca VRT NWS.
Bekaerts cobró notoriedad en España hace unos años por defender a Natividad Jáuregui, acusada de pertenecer a la banda terrorista ETA, y quien finalmente logró evitar ser trasladada ante la justicia española. Ahora el abogado asegura estar «esperando a ver qué llega desde España» para hacer su próximo movimiento.
Previamente, el letrado en España de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, aseguraba a la emisora de radio RAC1 que no podía garantizar que Puigdemont fuera a comparecer ante la justicia española. Fuentes de la Generalitat afirmaban a la prensa catalana que el expresident se encontraba en Bruselas, junto con otros cinco exconsellers de su Gobierno, y que mañana podría hacer una declaración pública.
Las opciones del expresidente en Bélgica
Puigdemont tiene dos opciones para intentar evitar a la justicia española. La primera sería pedir derecho de asilo. Este tipo de peticiones son muy extrañas entre Estados Miembros de la Unión Europea, pero no son imposibles. Aunque los Tratados establecen que se da por hecho que todos los países comunitarios son «países seguros», dejan margen a cada Estado para considerar unilateralmente una solicitud de asilo de un nacional comunitario. Tras pedirlo, Bélgica tendría 5 días para pronunciarse. La respuesta, que no es recurrible, podría ser afirmativa si la autoridad belga de solicitudes de asilo considera que Puigdemont puede sufrir persecución en España por motivos políticos o si su vida corre serio riesgo en caso de tener que regresar.
La otra opción sería no comparecer ante la Audiencia Nacional y esperar a una euroorden de la justicia española para detener al expresidente. En ese caso, si los delitos de los que se le acusa no están homologados entre la legislación española y la belga, entonces la justicia de Bélgica tendría que entrar a analizar el caso y decidir si acata o no esa euroorden. La sedición y la rebelión no están en esa lista de delitos «homologables», pero sí lo está el de corrupción, categoría en la que entraría la malversación de caudales públicos. No obstante, el juez belga que trate el caso puede cuestionar la calificación del delito. En el caso de la presunta etarra, el juez denegó la solicitud porque consideró que había riesgo de tortura.
