La delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia penal contra los directores generales jurídicos y de gobierno de 2010 y 2014 y contra la dueña del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, por irregularidades en las obras de ampliación del inmueble que colapsó por el sismo del 19 de septiembre.
En conferencia de prensa, la delegada explicó que el inmueble tenía dos expedientes jurídicos en esos años debido a irregularidades como la construcción de un cuarto nivel que presuntamente era un gimnasio.
Dijo en junio de 2010 se realizó una visita de verificación ordenada por el director general jurídico y de gobierno, Alejandro Zepeda Rodríguez, por la construcción del cuarto nivel. En el expediente, indicó, se resolvió la clausura de la obra y su demolición.
Para finales de agosto de ese año, se ordenó clausurar y sancionar con el 5 por ciento del valor de la construcción.
“No hay ninguna evidencia en los expedientes de que se haya subsanado el procedimiento, es decir, que se haya cerrado jurídicamente. No fue presentado en octubre de 2015, cuando nosotros entramos, como asunto relevante de la entrega-recepción”, aseguró.
Sheinbaum dijo que para noviembre de 2013, el director general de Obras y Servicios Urbanos declaró improcedente la solicitud de la propietaria, quien argumentaba que se trataba de una construcción menor.
El caso lo turnó a la Dirección General de Jurídico y Gobierno, a cargo en ese momento de Miguel Ángel Guerrero López, quien el 12 de diciembre de ese año ordenó una visita de verificación al inmueble.
Tras la inspección, el 31 de enero de 2014 se ordenó la clausura y sancionar con el 5 por ciento del valor de construcción y 300 días de salario mínimo.
“Presuntamente se ponen sellos en esa construcción y presuntamente estuvo clausurada prácticamente un año esa construcción. El 12 de diciembre de 2014 se levantan los sellos y con eso se cierra el expediente”, dijo la delegada.
Algo que calificó de indignante, ya que la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos le informó al director jurídico que había trabajos de demolición de estructuras de concreto armado del tercero y el cuarto nivel “dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción. Se cierra el expediente jurídico con 21 mil pesos de multa”.
En 2016 señaló que el Instituto de Verificación Administrativa realizó una verificación por uso de suelo tras una denuncia vecinal. Para el 23 de enero de 2017 se emitió una sanción con multa y exhortó a la escuela a resolverlo.
“Los verificadores del Invea verifican que solo es un tema de uso de suelo y no de construcción. La delegación, como no era un tema de construcción, nunca fue notificada”, afirmó.
Explicó que para el 3 de abril de este año la escuela presentó un juicio de nulidad contra la multa porque nunca fue clausurada y un mes después un tribunal falló a favor del Invea; para el 1 de agosto la dueña presentó un recurso de apelación.
Cuestionada sobre si sus antecesores tienen responsabilidad, Sheinbaum dijo que le corresponderá a la Procuraduría General de Justicia definir si Higinio Chávez y Marisela Contreras están implicados y por ello la denuncia es contra quien resulte responsable.
“En nuestra mente sí está la palabra corrupción”, reconoció.
El Colegio de Ingenieros Civiles realizará un dictamen que incluirá el análisis de concreto, los planos y los expedientes.
“En caso de que haya responsabilidad vamos a actuar de la misma manera contra el director responsable de obra y contra el responsable de seguridad estructural que a la delegación le dicen de puño y letra que el edificio era seguro”, advirtió.
