La Ciudad de México ha iniciado la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la inauguración del reloj oficial.
Este evento ha desatado una serie de tensiones, ya que vecinos de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez han comenzado a protestar enérgicamente contra los proyectos de infraestructura que el gobierno local promueve en el contexto del Mundial, exigiendo la detención de obras como el segundo piso sobre la Calzada de Tlalpan.
Proyectos Mundialistas vs. Preocupaciones Ciudadanas
El 11 de junio, desde un evento en la alcaldía Cuauhtémoc, Clara Brugada anunció una inversión histórica de más de seis mil millones de pesos en «obras, infraestructura, agua, seguridad y movilidad» para recibir el torneo internacional. Destacó el fortalecimiento de derechos, con promesas de más agua, mejor espacio público y servicios, así como la iluminación de 48 kilómetros en el Centro Histórico, la ciclovía “Gran Tenochtitlán” y la mejora de la electromovilidad.
A pesar de que el gobierno presenta estas inversiones como un legado para la ciudad, habitantes de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, donde impactarán principalmente las obras, han manifestado su preocupación. Advierten sobre posibles impactos negativos como la gentrificación y la turistificación, y denuncian la falta de consulta ciudadana.
El 10 de junio, vecinos de la colonia Villa de Cortés en Benito Juárez convocaron a una movilización para el 13 de junio, exigiendo frenar la construcción del segundo piso en la Calzada de Tlalpan. Argumentan que este proyecto causará deterioro urbano, aumento de tráfico e inseguridad, y promueve una «falsa ecología». Colectivos y organizaciones civiles se han sumado, rechazando la imposición de megaproyectos inmobiliarios asociados al Mundial y demandando medidas contra la «turistificación», regulación de plataformas como Airbnb y protección a la vivienda.
Natalia Lara, integrante de la Asamblea Tlalpan-Coyoacán, criticó que la infraestructura básica como agua y drenaje sea presentada como un beneficio del Mundial, cuando es un derecho fundamental. También denunció la falta de estudios de impacto ambiental y la carencia de información integral sobre los proyectos, calificando el discurso de la jefa de Gobierno como «estético» y carente de evidencia. La activista expresó su preocupación por la demanda de agua y la calidad del aire con la llegada masiva de turistas.
