Claudia Sheinbaum ha defendido la continuidad de la prisión preventiva oficiosa.
La presidenta argumenta que su aplicación automática para ciertos delitos es crucial frente a la situación de inseguridad que vive el país, especialmente por la presencia de grupos de la delincuencia organizada. La mandataria enfatizó que mantener esta figura, que no depende del análisis individual de los jueces, es importante «incluso para protección de los jueces».
Contexto y Argumentos sobre la Prisión Preventiva
Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum recordó que la prisión preventiva oficiosa está contemplada en el artículo 19 constitucional, el cual enlista un catálogo de delitos por los que las personas deben enfrentar sus procesos penales en prisión. Este catálogo, que inicialmente incluía delitos de alto impacto como extorsión, homicidio y delincuencia organizada, fue ampliado en 2019 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para incorporar delitos de corrupción, fiscales y en materia de hidrocarburos, entre otros.
«Frente a la situación de inseguridad que vive el país con los grupos de la delincuencia organizada es importante, incluso para protección de los jueces, que haya ciertos delitos en los que no quede a criterio del juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos, como el homicidio o delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa», explicó la presidenta. Subrayó que esta medida tiene que ver «incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso».
El tema fue puesto en la mesa por la mandataria federal a raíz de la próxima discusión de un proyecto de resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat. Dicho proyecto plantea que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y propone que los juzgadores analicen caso por caso para determinar si los imputados deben permanecer en la cárcel. Este criterio está alineado con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ha declarado que la aplicación automática en México no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Aunque el proyecto aún no tiene fecha fija para su discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Sheinbaum criticó que la oposición pretenda que se aplique siempre la prisión preventiva justificada (la cual requiere que el ministerio público ofrezca pruebas para su imposición) sin proponer soluciones alternativas al conflicto de convencionalidad.
