La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los ombudsman de 52 países, vigilarán que sus gobiernos rindan cuentas “por un progreso deficiente o irregular” en la implementación de la 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Tras la aprobación de la Declaración Mérida “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, señalaron que este compromiso permitirá aplicar en todas las naciones una transformación en en materia ambiental, social y económica del desarrollo.
“Los principios de los derechos humanos, así como la paz y la seguridad, se configuran como los ejes fundamentales para el desarrollo sostenible, para incluir no solamente a todas las personas sino también a nuestro planeta en su totalidad”, señaló Luis Raúl González Pérez, ombudsman mexicano.
En este sentido evaluarán el impacto de las leyes, políticas, programas, prácticas administrativas y presupuestos en el respeto y cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además colaborarán brindando asistencia técnica en la creación de indicadores nacionales globales y complementarios, sistemas de recolección de datos a fin de asegurar la protección y promoción de los derechos fundamentales en la medición de la evolución de la Agenda.
