En los últimos 18 años (entre 1997 y marzo de este año), 806 personas han servido como testigos colaboradores a la Procuraduría General de la República (PGR), amparándose en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Según información otorgada por la PGR, de 2000 a abril de este año, se erogaron 217 millones 443 mil pesos para cubrir diversos gastos de testigos protegidos, entre ellos manutención y arrendamiento.
La legislación permite a miembros de organizaciones delictivas que ayuden de manera eficaz a la investigación y persecución de otros criminales, recibir reducciones de penas hasta en la mitad de ésta. Asimismo pueden integrarse al programa quienes estén en situación de riesgo, tal es el caso de víctimas, ofendidos o servidores públicos, llamados en la ley “personas protegidas”.
De acuerdo con un ex funcionario de la procuraduría, cuando se detiene a miembros de alguna organización del narcotráfico, en algunos casos la PGR les ofrece ser testigos protegidos y una vez que se da un acuerdo, el sujeto decide el nombre clave con el cual se le conocerá en el procedimiento penal, con lo que en algunos casos se libra de pisar la cárcel.
A veces son enviados a los Estados Unidos con gastos costeados por la dependencia. En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con la cual se busca regular esta figura, además de establecer los beneficios que se pueden obtener.
