Gustavo “N” ha sido vinculado a proceso por intentar transportar 299 reptiles en peligro de extinción.
El hombre, que pretendía abordar un vuelo a Tokio, Japón, fue detectado gracias a los equipos de rayos X, que revelaron la presencia de ejemplares de dragoncitos (Abronia) y lagartos cornudos (Phrynosoma), ambos catalogados como especies amenazadas.
Detención, Proceso Legal y Antecedentes del Imputado
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), confirmó la responsabilidad de Gustavo “N” en delitos contra la biodiversidad, específicamente por la extracción de fauna en peligro de extinción y daño a la biodiversidad.
Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), se decretó su vinculación a proceso y se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Se han concedido tres meses para la investigación complementaria. Las autoridades también confirmaron que Gustavo “N” cuenta con un historial de tráfico ilícito de fauna en diversos países, incluyendo Sudáfrica, Alemania y Ecuador, lo que sugiere un modus operandi recurrente.
El Tráfico Ilegal de Especies: Un Delito Ambiental Grave en México
El tráfico ilegal de vida silvestre es un delito grave en la legislación ambiental mexicana. Incluye la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre (vivas, productos o subproductos) obtenidas mediante captura, caza o colecta, en contravención de leyes y tratados nacionales e internacionales.
El Código Penal Federal establece penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3 mil días de salario mínimo para quienes realicen este tipo de tráfico con especies en veda, consideradas en alguna categoría de riesgo o reguladas por tratados internacionales de los que México sea parte. La sanción puede incrementarse hasta tres años o más de prisión y hasta mil días de multa adicionales si el delito se comete en un área natural protegida.
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México ocupa el segundo lugar mundial en número de especies de reptiles, y muchas de ellas se encuentran en la lista de animales en peligro de extinción. Específicamente, los dragoncitos (Abronia) y los lagartos cornudos (Phrynosoma) están clasificados como especies amenazadas según la Norma Mexicana (NOM-59-SEMARNAT 2010), lo que agrava la naturaleza del delito cometido.
México como Punto Estratégico en el Tráfico de Fauna
La detención en el AICM de Gustavo “N” con casi 300 reptiles en peligro de extinción pone de manifiesto la grave problemática del tráfico ilegal de fauna en México, y la posición del país como un punto estratégico para esta actividad criminal. El hecho de que el imputado tenga antecedentes en varios continentes subraya el carácter transnacional y organizado de este delito.
El principal desafío para México es doble: por un lado, la protección de su rica biodiversidad, que lo convierte en un objetivo atractivo para los traficantes, y por otro, la eficacia en la aplicación de la ley para desmantelar estas redes criminales. La confiscación en el AICM es un beneficio evidente de la vigilancia aeroportuaria, pero la persistencia de estos intentos sugiere la necesidad de fortalecer aún más la inteligencia y la cooperación internacional.
El impacto de este tipo de tráfico es devastador para las especies. La extracción de casi 300 ejemplares de dragoncitos y lagartos cornudos, catalogados como amenazados, representa una presión inmensa sobre poblaciones ya vulnerables, afectando el equilibrio de los ecosistemas. Además, la impunidad o penas leves en algunos casos pueden incentivar a los traficantes.
La mención de las penas según el Código Penal Federal y la Norma Mexicana subraya que existe un marco legal para combatir este delito. Sin embargo, la efectividad real depende de la coordinación entre diferentes agencias (FGR, FEMDO, Senasica) y la cooperación internacional para rastrear y desmantelar las redes de suministro y demanda que operan más allá de las fronteras. El caso de Gustavo “N” y sus antecedentes internacionales son una clara señal de la necesidad de una respuesta global coordinada contra el tráfico de vida silvestre.
